Katia Miguelina Jiménez Martínez

¿Existe verdaderamente antinomia entre jueces y política?

Constituye una verdad insoslayable que en los sistemas democráticos contemporáneos se registra cada vez con mayor intensidad una creciente expansión de la judicatura, nada de lo cual es pura casualidad.

Países tales como Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, España, entre otros, nos sirven como ejemplos en donde se ha registrado tal tendencia. Unos lo experimentaron primero, otros después, atendiendo pues a la tradición constitucional registrada en éstos y, obviamente, al contexto en que les ha tocado desarrollarse.

En la República Dominicana también se ha estado experimentando el fenómeno expansivo del Poder Judicial, que tiene por consecuencia un aumento de la incidencia política de la Justicia en el marco de las democracias contemporáneas.

A la ciencia política le ha dado por llamar “judicialización de la Política” a la creciente importancia que han adquirido los tribunales de justicia en el campo político, o sea, ese fenómeno al que nos hemos referido precedentemente recibe tal denominación.

En un sentido amplio, judicialización de la Política existe siempre que, mediante el ejercicio de la jurisdicción, los jueces y tribunales inciden en un sector de la realidad social con anterioridad encomendado, exclusivamente, a los actores de la vida política .

Sin embargo, por ser los jueces garantes de la Constitución y de las leyes, y por tanto de los derechos fundamentales, es que juegan un papel preponderante en la misma construcción democrática de esa vida política, pudiendo afirmarse que es precisamente ello lo que otorga legitimidad materialmente democrática a la función jurisdiccional y, con ello, su rol político.

Y es que los jueces, mediante sus decisiones, interfieren en los asuntos públicos, o mejor dicho políticos, de un determinado Estado, lo cual no los convierte en funcionarios políticos, sino que tan sólo son funcionarios judiciales que intervienen como consecuencia de sus propias funciones, y a raíz de una controversia de la cual se les apodera.

Muchas veces el tipo de caso que se ventila, y su relación con el mundo político, trae por consecuencia un inmenso poder político a las manos del juez. Asuntos tales como tutela de derechos fundamentales, abusos de la autoridad pública, ¿y qué decir de solicitudes o acciones que promueven la inconstitucionalidad de leyes o actos de los poderes públicos? ¿O de la puesta en funcionamiento del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, con las nuevas atribuciones que le han sido conferidas por la Ley 13-07? Cada uno de estos temas son pura dinamita en poder de los jueces, en cuyas manos ha estado siendo encomendado el contrapeso del poder político del Ejecutivo y el Legislativo.

Lo precedentemente expresado nos lleva a tener que afirmar que no existe tal antinomia entre justicia y política, sino que, muy por el contrario, ambas, o sea, magistratura y política, están llamadas a coexistir.

Para robustecer aún más esta realidad cada vez más latente nos permitimos transcribir un parágrafo, tomado del libro Los Jueces y la Política, escrito por los autores italianos Carlo Guarnieri y Patricia Pederzoli, quienes expresan lo siguiente: “La justicia, aunque sea con formas que le son propias, se ha convertido en un ´partner´ casi cotidiano del proceso político en sus distintos segmentos: desde la formulación de las políticas, mediante el poder de interpretar las leyes y de criticar su constitucionalidad, hasta su puesta en práctica, a través del control de los actos” .

En este mismo sentido, una afirmación de Karl Loewenstein, considerado uno de los padres del constitucionalismo moderno, pone de manifiesto, desde hace ya algunas décadas, el creciente poder de los jueces cuando afirmaba que: “uno de los fenómenos más característicos de la evolución del Estado democrático constitucional es el ascenso del poder judicial a la categoría de auténtico tercer detentador del poder” .

Así pues, la importancia cada vez mayor que cobran los jueces, tras su innegable incidencia en la vida política nacional, demanda de funcionarios judiciales comprometidos con la preservación de su independencia, autonomía e imparcialidad. Más aún, nuestra sociedad reclama jueces que estén dotados de la preparación suficiente para ejercer acertadamente tan delicada función.

Pero esto no se queda ahí, sino que estas condiciones propias del perfil del juez que demandan estos tiempos deben llegar abonadas con los ingredientes que hagan al menos potencialmente factibles el cumplimiento de estos requisitos. Hablamos, pues, de la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad, la eficiencia, la dignidad y la honorabilidad.

Por todo lo anterior cobran aún mucho mayor importancia los mecanismos de selección de los jueces, en los cuales y con sobradas razones, siempre querrán incidir los sectores políticos. De ahí que esté llamada la justicia dominicana a dotarse de una estructura que le sirva de muro de contención a las apetencias de los políticos.

Que nos sirvan, pues, las experiencias de los países antes mencionados y que Dios no permita que la voluntad de aquellos en cuyas manos se encomienda la consolidación de un Poder Judicial fuerte sea otra que hacerse un traje a la medida.

Ojalá que las respuestas que amerita el fenómeno de judicialización de la política haya sido contemplado en la presentación de las propuestas generadas en el movimiento originado dentro del propio Poder Judicial y que se ha denominado la "Segunda Ola de Reformas". Confiamos en ello.