El escrutinio de las candidaturas a las altas cortes entra en una fase decisiva. Un proceso a la altura de lo que somos; ni más ni menos.
Este dilatado y tedioso trámite admite todas las críticas, pero esto no es Suiza. Expresa, a justa medida, el nivel de madurez de nuestras instituciones. Sería cándido aspirar a más. Los reclamos por transparencia son tan legítimos como ilusorios. Es más, dentro del relativismo que nos obliga a transar por lo posible, esta ha sido una experiencia institucional interesante y abierta. Guarda muy bien las formas y permite la expresión participativa.
Pensar en métodos de evaluación y selección complejos, técnicos y enteramente objetivos es mera elucubración académica. Esta dinámica concentra intereses de todos los poderes formales y fácticos, como para jugar a la pureza inglesa. Y si a transparencia vamos, debemos reclamarla con igual vehemencia para la sociedad en pleno, incluyendo a los voceros de “las buenas causas”. Por lo menos de los políticos sabemos qué esperar; no así de los que obran en los cobijos del cabildeo para “negociar” sus propios candidatos mientras abruman a los medios con gritos de una transparencia que solo conocen en las conferencias y seminarios.
Le damos un voto de confianza al Consejo Nacional de la Magistratura. En una coyuntura similar nació el nuevo Poder Judicial, que, quiérase o no, con sus activos y pasivos, ha constituido una de las reformas institucionales más trascendentes. La vigilancia social es necesaria, pero a veces se contamina con manipulaciones sutiles que exageran aprensiones o fabrican fantasmas, aniquilando así constructivas intenciones de cambios. Es cierto, la tarea de darle cuerpo a órganos públicos de tan alta investidura requiere un ejercicio cauto, equilibrado y serio, pero ya es tiempo de dejar caminar a las instituciones. El padrinazgo de los “guachimanes sociales” se nutre muchas veces de la propia desconfianza que generan sus valoraciones a los procesos sociales y políticos; a expensa de esos miedos han mantenido vigencia, por casi medio siglo, modelos arbitrales verticales y oficiosos que no permiten un desarrollo autónomo de nuestra institucionalidad.
Podrán satanizarnos por pensar de esta manera o imputarnos la misma candidez de los temerosos, pero creemos que nuestra posición, lejos de ser complaciente o conformista, se aproxima más a la realidad. Habrá jueces políticos, sí; pero también los habrá de sectores económicos, eclesiásticos y de los grupos de interés. Tal realidad no cambiará. A lo que aspiramos es a que en esa inevitable concurrencia de fuerzas se elija lo óptimo. Al final la selección resultará de esa transacción y no de puros y neutrales sistemas de evaluación.
No esperemos manzanas de las guayabas. En este país nos conocemos y para lección basta recordar que muchos altos jueces políticos han tenido tanto o mejor desempeño moral que algunos de los propuestos por esos sectores de la vigilancia institucional. Si sostener esta postura nos saca del grupo de los buenos, entonces seremos muy buenos malos. Total, ya nos han imputado esa condición solo por no hablar como ellos.
Escriba al editor:;
<
|
