Mientras la efervescencia de la “sociedad de la información” embruja a muchas mentes con ilusas ideas de progreso, la República Dominicana aporta a las estadísticas mundiales sobrecogedoras cifras de atraso.
Parece irreal que un solo país concentre tantas asimetrías en el tránsito hacia su distante desarrollo; así, mientras destinamos cuantiosos recursos a la educación superior, la formación básica constituye una de nuestras más caras vergüenzas, y mientras hablamos de integración económica a importantes mercados, los estándares de seguridad jurídica siguen siendo deficitarios. La lista de comparaciones contradictorias podría continuar ad infinitum en ese camino.
Desde hace casi dos décadas contamos con una bolsa de valores que ha tenido un desempeño operativo excelente, si se consideran las debilidades institucionales que han soportado su permanencia. Y una de esas fragilidades lo constituye la forzosa vigencia de una regulación corporativa que data de principios del siglo XIX. Eso es una vergüenza.
Es continuo escuchar del sector empresarial increpaciones cotidianas al sector público por su escasa transparencia e ineficiencia. Sin embargo, hemos visto muy poca conciencia y diligencia de ese sector en proponer reformas concretas a las bases normativas que organizan y modernizan el comercio. Basta sólo considerar que un ámbito tan dinámico, vivo y contingente como la actividad mercantil se encuentre todavía normada técnicamente por una legislación de 1673, si consideramos que una buena parte del contenido de nuestro Código de Comercio (1807) deriva de las viejas Ordenanzas de Colbert de los tiempos de la dinastía monárquica de los Luises, en Francia. Eso es sencillamente imperdonable.
Es imposible asumir los retos que suscitan los cambios mundiales en los intercambios comerciales, en las políticas globales de inversión y en las corrientes que dominan los negocios corporativos al amparo de una legislación tan obsoleta. Es patético solo pensar que los procesos de concentración empresarial, como las fusiones y las escisiones, no cuenten en la República Dominicana con una regulación positiva; o que todo emprendimiento comercial deba estructurarse en un solo instrumento societario (las sociedades anónimas) ya para la operación de negocios o para la organización patrimonial; o que por su anacronismo, la regulación de la quiebra ha devenido en una institución históricamente infuncional.
Desde 1960, el 87% de los países del mundo han reformado o actualizado sus normas mercantiles y societarias originales. La República Dominicana sigue presidiendo el selecto club de los países rezagados. Naciones con más niveles de pobreza que el nuestro, especialmente del continente africano y la Polinesia, tienen hoy leyes corporativas más avanzadas.
Al empresariado dominicano parece interesarle más la agenda política que las reformas que tienen directa incidencia en su vida, negocios y responsabilidades. Desde esa óptica es muy cómodo dar cátedras éticas al sector público. Basta preguntarse: ¿por qué no ha emergido un mercado de títulos de capital en la República Dominicana? La primera de las tantas razones es sencilla: porque pocas empresas se encuentran fiscal y contablemente trasparentadas. Una funesta conclusión de esta realidad es que a nadie parece interesarle reglas claras, ya que el negocio del desorden reditúa más rápida y generosamente. Pero, si bien esto es cierto, ninguna economía se sustenta razonable ni competitivamente bajo esta premisa.
Debemos acometer la reforma del sector empresarial. El presidente Fernández sometió, a través del Consejo Nacional de la Competitividad, varios proyectos de leyes a nuestra cámaras legislativas, destacándose dos piezas vitales para sentar las bases de esa trascendental reforma: el proyecto de “Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada” y el de “Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial”. El sector empresarial debe abanderar y liderar esa reforma, porque los cambios deben empezar por la casa.
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