DERECHOS HUMANOS
Países de la región sin avances

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo a Colombia, Cuba, Haití y Venezuela en su lista de países de Latinoamérica que necesitan mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos. La presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía, que presentó el informe en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, destacó los avances democráticos y del "constitucionalismo" en toda la región en las últimas décadas. No obstante, indicó que estos logros "no han sido suficientes para garantizar la justicia social, ni el pleno goce de los derechos sociales" en la región. El informe anual de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), recoge tanto los avances como los retrocesos registrados durante 2008 en materia de derechos humanos en el continente.

ECONOMIA
Prevén reducción de remesas

Las remesas que los inmigrantes latinos y caribeños envían a sus países de origen bajarán un 7% en el 2009 debido al aumento del desempleo, la caída en sus ganancias y una baja en el flujo de la migración, según un estudio de un centro de análisis estadounidense. Como resultado de esta caída, un millón de hogares en América Latina no recibirán remesas en el 2009 y otros cuatro millones de hogares recibirán un 10% menos que en 2008, de acuerdo al estudio del Inter-American Dialogue. En total, hay 827.000 personas que no enviarán remesas, un declive que representa una pérdida de US$ 3.3 mil millones. Entre el millón de hogares que dejarán de recibir remesas en el 2009, los más impactados serán de México y Colombia. Le siguen República Dominicana con 73,650 hogares que no recibirán remesas, Guatemala con 56,925 hogares y Brasil con 56,508. Según los autores del informe, los países que son más vulnerables a las fluctuaciones de la economía global, como Haití y Nicaragua, sentirán más fuerte la falta de las remesas.

ESTADOS UNIDOS
La figura del “querellante extranjero”

La Alien Tort Claims Act o ley de reivindicación por delitos en el exterior, es una norma que obliga a las empresas estadounidenses a cumplir la ley de ese país en cualquier lugar del mundo a donde lleven sus operaciones. Gracias a que esta ley permite a los extranjeros ser querellantes en la Justicia local ante casos de violaciones a los derechos humanos, cada vez más empresas de los Estados Unidos son denunciadas ante la Justicia a raíz de su actuación comercial en otras partes del mundo. Uno de los últimos casos ocurrió a finales de abril, cuando una jueza federal de Nueva York, Shira Scheindlin, autorizó a víctimas del apartheid de Sudáfrica a ser querellantes contra reconocidas multinacionales como General Motors, Ford, Daimler e IBM. Las empresas automotrices están acusadas de suministrar equipos que las fuerzas de seguridad sudafricanas usaron para reprimir a los manifestantes que reclamaban el fin del apartheid, entre ellos el líder pacifista Nelson Mandela. En el caso de los fabricantes de autos, los demandantes (cuyas identidades no trascendieron) argumentaron que estos sabían que sus vehículos iban a ser utilizados por las fuerzas de seguridad para reprimir, y sostuvieron que las compañías informáticas estaban conscientes de que sus programas estaban siendo usados para violar los derechos de los negros. La jueza rechazó el argumento de IBM de que no le correspondía a la empresa decirle a sus clientes cómo usar sus productos. Y afirmó: “Ese nivel de ceguera voluntaria frente a crímenes que violan la ley internacional no puede derrotar la clara evidencia de que la asistencia de IBM apoyaría al apartheid”. Tanto IBM como las automotrices Daimler, BMW, Volkswagen, la química IG Farben y la farmacéutica Bayer también estuvieron profundamente involucradas en la Segunda Guerra Mundial. Todas esas compañías le vendieron insumos al régimen de Adolf Hitler y se enriquecieron con el Tercer Reich. Años más tarde, algunas de estas empresas pidieron disculpas públicamente y pagaron importantes sumas de dinero por los daños. (con información de Diariojudicial.com).

DERECHO INTERNACIONAL
España podría juzgar a los exfuncionarios de Bush

El juez español Baltasar Garzón abrió recientemente una investigación por la presunta existencia de un plan de torturas y malos tratos a prisioneros en la base militar estadounidense de Guantánamo. Según el magistrado, con la desclasificación de los documentos por parte del gobierno de Barack Obama, “se ha revelado ahora lo que antes se intuía”. El magistrado, conocido por haber entablado acciones contra la junta militar argentina, reclamó a su colega Ismael Moreno, que instruye otro proceso por los llamados “vuelos de la CIA” -que incluye también los vuelos que trasladaron a prisioneros talibanes a Guantánamo-, que le remita los antecedentes e indicios que tenga sobre la existencia de torturas. La investigación de Garzón podría prosperar porque, desde 2005 la justicia española reconoce la jurisdicción universal para investigar crímenes contra la humanidad, genocidio y torturas cometidos en todo el mundo.

ARMAS ILEGALES
Dominicana ratifica convención

El gobierno de la República Dominicana ratificó la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA) en un acto en el que participaron el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y el Representante Permanente de la República Dominicana ante la institución hemisférica, Embajador Virgilio Alcántara. A la firma asistieron también el Presidente del Consejo Permanente de la OEA y Representante Permanente de Canadá, Embajador Graeme Clark, y el Representante Permanente de Guatemala y Presidente del Comité Consultivo de CIFTA, Embajador Jorge Skinner-Klee. El acto se celebró en el despacho del Secretario General en la sede principal de la OEA en Washington, DC. La Convención tiene como propósito combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas. Destaca especialmente la necesidad para el marcaje y la confiscación de armas; autorizaciones y licencias de exportación, importación y tránsito; y el fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación.

SANTIAGO
Recurso de inconstitucionalidad contra parquímetros

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) está apoderada de un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato que establece la instalación de parquímetros en la ciudad de Santiago. El recurso fue incoado por varias personalidades, entre ellas regidores, agrupadas en el Comité Permanente de Defensa del Espacio Público del Municipio de Santiago. Sostienen que con dicho acuerdo, firmado entre el Ayuntamiento de Santiago y la empresa Blue Parking, se violaron los artículos 4, 5, 13, 37, 1, y 10, 46, 48 y 85 de la Constitución de la República. El recurso indica que con el contrato, el Ayuntamiento de Santiago incurrió en enajenación de las calles en perjuicio de particulares, disposición de los bienes de dominio público para el usufructo de particulares, aplicación de multas ilegales por parte de la empresa concesionaria y creación de privilegios, entre otras violaciones.

JUDICIAL
Prisión y multa para ex ejecutivos Banco Mercantil

Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenaron el 11 de mayo a dos ex ejecutivos del Banco Mercantil a cinco y tres años de prisión respectivamente, y descargaron a otros cinco por insuficiencias de pruebas. Los condenados son Andrés Alejandro Aybar Báez, ex presidente del banco, a cinco años de prisión y al pago de una multa de un millón de pesos y Evelyn Altagracia Pérez Montandón, ex vicepresidenta, a tres años de prisión y al pago de 500 mil pesos de multa. Ambos ex ejecutivos del Mercantil fueron encontrados culpables de alteración, ocultamiento de datos, libros y antecedentes con la finalidad de desviar la fiscalización que correspondía a la Superintendencia de Bancos. Aybar Báez y Pérez Montandón fueron condenados también al pago de una indemnización de 20 millones de pesos a favor de la Superintendencia de Bancos, como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados a la Superintendencia de Bancos. Los descargados son Juan Rafael Oller Santoni, Juan Rafael Enríquez Reyes Maríñez, Rafael Maximiliano Moya Hernández, Rafael Faxas Flores Hernández y Ramón Aref Henríquez Risk, al no poderle probar la acusación que formuló el Ministerio Público.

FINANZAS
Nuevo reglamento sobre riesgo operacional

La Junta Monetaria aprobó de manera definitiva el Reglamento sobre Riesgo Operacional, el cual establece los criterios y lineamientos generales que deberán aplicar las entidades de intermediación financiera para administrar adecuadamente este tipo de riesgo, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002. El riesgo operacional se define como “la posibilidad de que una entidad de intermediación pueda incurrir en pérdidas, debido a la falta de adecuación o a fallos en sus procesos internos, personas internas o relacionadas, tecnología de información o a causa de factores externos”, por lo que los procedimientos a implementar por las mismas deberán tomar en cuenta el tamaño, naturaleza y complejidad de las operaciones que realizan las entidades de intermediación financiera asociadas con los factores siguientes:

• Las pérdidas derivadas de los procesos internos vinculados con el diseño inapropiado de los procesos críticos, o con políticas y procedimientos inadecuados.

• La posibilidad de pérdidas derivadas de las personas que están asociadas con negligencia, error humano, fraude, robo, ambiente laboral desfavorable, entre otros.

• La posibilidad de pérdidas de la Tecnología de Información que se derivan del uso inadecuado de sistemas de información y tecnologías relacionadas, que pueden afectar el desarrollo de las operaciones y servicios que realiza la entidad de intermediación financiera.

• La pérdida derivada de eventos externos que obedecen a la ocurrencia de eventos ajenos al control de la entidad que pueden alterar el desarrollo de sus actividades.

Las entidades de intermediación financiera deberán contar con personal calificado, con adecuados sistemas de control de riesgo operacional, incluyendo la tecnología de información, así como el establecimiento claro y por escrito de sus políticas y procedimientos administrativos.

FORMACION
Convocatoria Aula Iberoamericana 2009

El Aula Iberoamericana 2009 es un programa de capacitación para jueces y magistrados iberoamericanos, organizado conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de A Coruña, la Fundación Caixa Galicia-Claudio San Martín, “La Caixa” y el Ayuntamiento de Cádiz. El CGPJ convoca a los jueces dominicanos para participar de las 8 actividades para la edición 2009 del programa. Todas las solicitudes deberán realizarse en línea directamente en las ciberpáginas de las instituciones organizadoras (ver más detalles en www.enj.org).

LEGISLACION
Avanza la reforma constitucional

Al cierre de la presente edición se encontraba en pleno desarrollo el proceso de discusión de la reforma a la constitución en la Asamblea Nacional. Como era de esperarse, unos puntos ocuparon mayor espacio que otros en la opinión pública, lo que a entender de muchos limita los debates sólo a los temas más controversiales pasando desapercibidos otros artículos quizás de igual o mayor importancia. Un punto interesante en este proceso es que el conocimiento de la reforma se lleva a cabo estando pendiente una decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 70-09 que convoca la Asamblea Nacional para reformar la Constitución. Según los juristas que incoaron dicho recurso, se debió realizar la reforma vía Constituyente.