PANEL DE JURISTAS
Sentencias vulneran principios de la responsabilidad jurídica

Tres juristas dominicanos coincidieron en que la proliferación de accidentes de tránsito a nivel nacional se ha constituido en un problema social cuyo manejo en los tribunales, a partir del nuevo Código Procesal Penal, degenera en frecuentes sentencias que vulneran los principios generales de la responsabilidad civil del guardián de la cosa inanimada. Edynson Alarcón Polanco y Justiniano Montero, jueces de la primera y de la segunda Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, respectivamente, y Pedro Pablo Yermenos Forastieri, abogado en ejercicio especializado en la temática, expusieron en un foro realizado en la Universidad Central del Este (UCE), en San Pedro de Macorís. Los panelistas entienden, sin embargo, que cada vez son más los jueces que emiten sentencias en las que se impone la razonabilidad, la lógica y el mejor criterio jurídico. Los expositores convinieron en que, cuando regía el Código de Procedimiento Criminal, la mayoría de las demandas civiles en reparación de los daños y perjuicios ocasionados por los vehículos de motor se interponían conjuntamente con la acción pública contra el autor de dichos daños o, excepcionalmente, ante la jurisdicción civil. Empero, ante la nueva normativa procesal penal, que elimina la íntima convicción de los jueces penales y su papel activo y suprime el defecto, con lo cual la comparecencia del imputado se hace imprescindible, los abogados litigantes en esa materia se han desplazado a la civil y sustentado sus demandas en la presunción de responsabilidad sobre el guardián de la cosa inanimada.

FRANCIA
La "violencia psicológica" en la pareja es un delito

Francia decidió recientemente crear el delito de "violencia psicológica" en la pareja, un problema que según las autoridades está instalado en el país, aunque muchos advierten que es difícil de notar o probar en la práctica. La ley aprobada por el Parlamento francés castiga los insultos y las acciones reiteradas para degradar mental o físicamente a un cónyuge, con hasta tres años de cárcel y una multa equivalente a US$92.000. Los defensores de la ley sostienen que la violencia psicológica es a menudo una antesala de la violencia física en la pareja.

JUDICIAL
Clínicas son responsables por mala práctica de su personal

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que cuando una clínica selecciona a un personal médico que incurre en mala práctica, compromete su responsabilidad civil, pues en este caso se conforma un mandato o relación de dependencia entre ellos. El tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por la Clínica Abreu contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 5 de noviembre de 2009, “habiendo quedado establecido en el caso objeto de análisis que el fallecimiento de MMCP se produjo por la falta del imputado doctor OCDG, así como el hecho de que la Clínica es la comitente del imputado, y por tanto civilmente responsable de los daños causados por el primero”. Como justa reparación a la parte demandante se impuso el pago de RD$4,000,000.00.

ESTADOS UNIDOS
Polémica ley enfrenta en los tribunales al Gobierno y el estado de Arizona

La demanda "Estados Unidos de América vs. el estado de Arizona y Janice K. Brewer, gobernadora del estado de Arizona en su capacidad oficial", depositada ante la corte federal del Distrito de Arizona en la capital estatal, Phoenix, plantea un desafío del gobierno estadounidense a la ley SB1070 –cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 29 de julio. La demanda se fundamenta en el principio constitucional de que el derecho federal está por encima del de los estados. La ley, que fue promulgada el 23 de abril pasado, establece que es un crimen estatal no poseer los documentos migratorios y exige a la policía local determinar el estatus de las personas que le parezcan "razonablemente sospechosos" de ser indocumentados.

DERECHO INTERNACIONAL
Nace Mujeres ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la creación de una agencia para promover la igualdad de la mujer, que será conocida como Mujeres ONU. EL nombre completo es: Entidad para la Igualdad de Género y la Promoción de la Mujer de Naciones Unidas y empezará a funcionar al principio del año que viene, unificando el trabajo que hasta ahora desempeñaban cuatro departamentos de la ONU. Se baraja el nombre de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet para hacerse cargo del organismo, pero será el secretario general de la ONU quien tomará la decisión en septiembre.

Alemania
La eutanasia no es delito

Interrumpir el tratamiento médico que mantiene con vida a un paciente no es un delito si el enfermo lo pidió expresamente, según la Corte Federal de Justicia alemana (Bundesgerichtshof), en un fallo histórico sobre la eutanasia. La voluntad del paciente, según se lee en la sentencia, "justificó no solo el simple abandono de la alimentación artificial, sino también una acción activa que procurara terminar o evitar una terapia que el paciente no quería". La decisión del Máximo Tribunal de ese país, que se produce tras años de debate en Alemania sobre la eutanasia, absolvió a un abogado condenado el año pasado por asesorar a una mujer para que ayudase a su madre a morir. El tribunal falló que “aquellos que cuidan a un enfermo deben retirar o interrumpir el tratamiento médico que lo mantiene con vida si esa es la voluntad del paciente”.

Tráfico humano
República Dominicana en la lista negra

Estados Unidos mantuvo a Cuba e incluyó a la República Dominicana en su lista negra de países que trafican personas, en un informe divulgado el 14 de junio, que colocó bajo vigilancia a Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Panamá. Cuba y República Dominicana forman parte del grupo de 13 países que no combaten el tráfico de personas, en su mayoría asiáticos y africanos, según el informe emitido por el Departamento de Estado. República Dominicana es "un país fuente, de tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas del tráfico de personas, especialmente para la prostitución y el trabajo forzado", indicó el informe. El Estado dominicano hace gestiones para que EE. UU. rectifique la calificación dada por el informe al país, mientras que a principios de julio el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a diez y dos años de prisión a siete ex regidores que encontró culpables del delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, en perjuicio del Estado dominicano. Los ex regidores fueron acusados de valerse de su condición de funcionarios para obtener actas de nacimiento falsas.

España
Ley amplía el aborto a las mayores de 16 años

Desde el 5 de julio, las mujeres españolas mayores de 16 años que estén dentro de las primeras 14 semanas de gestación no tienen que dar explicaciones sobre los motivos por los que quieran abortar. Ello porque entró en vigencia la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Parlamento en el mes de febrero. Hasta ahora, en España las mujeres solo podían recurrir al aborto por violación (hasta la semana 12), por malformación del feto (hasta la 22), o por grave riesgo de salud de la madre (sin plazo). La entrada en vigencia de la ley fue precedida por una serie de marchas antiaborto en toda la península y una batalla entre el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), que impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional.

LEGISLATIVA
Ley en proyecto endurecería penas para menores

Un proyecto sometido a la Cámara de Diputados contempla modificar el castigo a los menores de edad a los que se haya encontrado culpables de cometer delitos. El objetivo del proyecto –explicaron sus promotores- es establecer penas más estrictas y de mayor duración que las actualmente asignadas por la Ley 136-03, Código del Menor, ante infracciones graves. La Fundación Justicia y Transparencia, que entregó el proyecto al diputado Alejandro Montás- sugirió que se habiliten nuevos centros especializados para la atención a los menores involucrados en conflictos con la ley penal y los alojamientos destinados a los que tienen entre 14 y 18 años de edad.