JUSTICIA
Brutalidad policial y política criminal

La muerte a balazos de cinco hombres la madrugada del 30 de diciembre en el Parque Mirador Sur de la capital coloca sobre el tapete la vieja discusión sobre los excesos policiales y la recurrente coletilla de intercambios de disparos con que se pretende acallar cualquier asomo de protesta sobre esa forma de accionar. La imposibilidad de comprobación de los hechos es con frecuencia el escudo que ha servido para que muchos casos queden impunes. El resultado de las autopsias practicadas a los cadáveres esta vez hizo la diferencia, lo que revela la importancia de la práctica forense en la investigación criminal. Con frecuencia se aprecia que el problema radica en la ausencia de una Policía mejor pagada y cuyos miembros reciban una formación que los prepare para dominar a los infractores sin recurrir a las ejecuciones extrajudiciales. A ello habría que agregar la ejecución de políticas de reclutamiento y supervisión que impidan o reduzcan al mínimo las expresiones de corrupción y degradación moral que posibilitan que miembros de la Policía, en vez de combatir el crimen, se asocien a los criminales.

DERECHOS HUMANOS
Informe de contradicciones

En su informe anual de 2009, la organización Human Rights Watch (HRW) elogió a varios países de América Latina por sus esfuerzos a favor de los derechos humanos, pero mantuvo sus objeciones sobre el manejo del tema en países como Cuba, Colombia, Venezuela, México y Brasil. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) contabilizó en julio de 2008 una lista de 219 prisioneros políticos. Además, de los 75 disidentes políticos y periodistas independientes detenidos y enjuiciados en 2003, más de 50 siguieron detenidos en 2008, según HRW. El informe de HRW reitera críticas anteriores a Colombia por "más de 1.000 ejecuciones extrajudiciales" perpetradas por las fuerzas de seguridad en años recientes y por el uso de armas prohibidas y la táctica de los secuestros de parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

INFORME
Asistencia judicial extrafronteriza

La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana recibió un total de 67 comisiones rogatorias o solicitudes de asistencia judicial, procedentes de España y Grecia, por delitos de maltrato familiar, demandas de alimentos, divorcios y otras denuncias. 66 de esas solicitudes o exhortos se recibieron del Ministerio de Justicia de España, y una de Grecia vía la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Los datos están contenidos en un reporte remitido al doctor Jorge Subero Isa por el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, doctor Víctor José Castellanos Estrella, juez de la Segunda Cámara, quien explica que la mayoría de las peticiones se recibieron y gestionaron en virtud del Convenio de Asistencia Judicial en materia Civil y Mercantil entre el Reino de España y la República Dominicana, acordado el 15 de septiembre de 2003. Las solicitudes judiciales extrafronterizas se hacen a ciudadanos con casos pendientes en tribunales de los países requirentes, por delitos que van desde maltrato familiar, incumplimientos de pago de pensión alimentaria, demandas por ejecución de divorcio, falsedad de documentos, paternidad, calumnia, terrorismo, medidas cautelares, guarda de menor, investigación criminal, entre otros. Una comisión rogatoria, también llamada carta rogatoria o exhorto internacional, es una comunicación que dirige una autoridad judicial a otra que se encuentra en un país distinto, por el que se solicita la práctica de determinadas diligencias que son necesarias para substanciar el procedimiento que se sigue en el primero, atendiendo a los tratados internacionales de los cuales formen parte, y a falta de los mismos, se apela al principio de reciprocidad.

ECONOMIA
Fortunas privadas y la gran estafa

El 11 de diciembre pasado fue apresado el empresario Bernard Madoff, acusado por las autoridades de Estados Unidos de realizar un fraude de hasta 50,000 millones de dólares, que podría convertirse en la mayor estafa de la historia. Los investigadores dijeron que Madoff confesó el fraude consistente en una pirámide financiera o "esquema Ponzi", una estafa que ofrece retornos inusualmente altos en la que los primeros inversores cobran dinero de los últimos inversores que entran. Analistas económicos y medios de comunicación como el periódico The Wall Street Journal, estiman que entre las grandes víctimas de la pirámide financiera orquestada por Madoff se destacan acaudaladas figuras de América Latina. Sin embargo, “dada la naturaleza privada de las fortunas de la región, además de temores relacionados con cuestiones de seguridad y no llamar la atención de las autoridades tributarias”, muchas de ellas son reacias a hacer público su papel.

SOCIEDAD
Aumentan feminicidios

La muerte de 12 mujeres en los primeros 15 días de este año 2009 a manos de sus exparejas o relacionados hace sonar la voz de alarma frente a las autoridades e instituciones que tienen el deber y el desafío de controlar este mal que no respeta condición ni clase social. Se sabe que por lo menos dos de las primeras víctimas de feminicidios de este año se encontraban en estado de embarazo al momento de pasar a ocupar un número en las estadísticas de violencia doméstica; otras mujeres fueron agredidas dentro del recinto judicial al que acudieron para denunciar a su agresor. Estos hechos al parecer demuestran un grado de retroceso en los niveles de respeto a la vida humana y a las leyes, que son remplazados por conductas violentas. La violencia hacia las mujeres es un mal social de devastadoras consecuencias para quienes la padecen, porque tras cada feminicidio están unos sobrevivientes: hijos, hermanos, padres, etc., cuyas esperanzas en la justicia se ven disminuidas así como la posibilidad de volver a llevar una vida normal. El desafío de detener la violencia que provoca un número cada año mayor de feminicidios no admite pausa, sino que debe formar parte de una serie de políticas permanentes de atención y prevención. Según datos oficiales, 98 mujeres perdieron la vida victimas de su pareja en 2005; 99 en 2006; 89 en 2007 y 121 en, 2008. En esos años la cifra de femenicidios para esta fecha era similar a la actual.

AMERICA LATINA
Punto negro en el mapa de la violencia

Un joven en Latinoamérica de entre 15 y 24 años de edad está en más peligro de morir asesinado que en cualquier otro lugar del mundo. Así lo asegura un informe "Mapa de la Violencia" de la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA/http://www.ritla.net/) tras analizar 83 países, entre ellos 16 latinoamericanos. Se asegura que es hasta 30 veces más probable que un joven sea asesinado en Latinoamérica que en Europa. El Salvador lidera esta macabra lista con 92 jóvenes asesinados por cada 100.000 habitantes, seguido de Colombia, Venezuela, Guatemala y Brasil, los "top 5" de la lista. El homicidio en América Latina es un fenómeno sobre todo juvenil, al contrario de otras zonas del mundo. En América Central ya existía una historia de guerras civiles y una cultura política de violencia. Pero ha empeorado por la expulsión de Estados Unidos de integrantes de bandas juveniles llamadas maras, especialmente jóvenes salvadoreños, afirman los autores del Informe. Los países latinoamericanos más seguros para los jóvenes son Chile, Cuba y Uruguay, con unos 7 homicidios por 100,000 habitantes.

ABOGADOS
En busca de la transparencia

Los colegios profesionales cumplen con varios roles de importancia entre ellos servir de referencia de la capacidad y nivel profesional de sus agremiados, lo que inspira confianza en los usuarios de los servicios que estos ofrecen. Un paso de avance en ese sentido es la publicidad de los nombres y datos generales de los afiliados, de modo tal que puedan ser consultados por cualquier persona o entidad que necesita confirmar la idoneidad del profesional que contrata. Por eso es destacable la labor que Colegio de Abogados de la República Dominicana lleva a cabo en ese sentido, con la publicación en su ciberpágina de una sección de consulta con los nombres y demás datos de sus miembros, que si bien debió implementarse desde hace años, a resumidas cuentas es una herramienta que el ejercicio responsable del Derecho estaba demandando.