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DERECHO LABORAL - La oralidad en el proceso laboral
 

Carlos HernandezCarlos Hernández Contreras







¿Cumple la oralidad su cometido o dificulta la administración de justicia?

Toda esta corriente reformadora que resalta la oralidad dentro del proceso laboral, y que a la vez inserta en sus procedimientos los principios de la inmediación, la concentración, así como la continuidad de las audiencias, es en cierto modo una penalización del proceso laboral –en el sentido de aproximación al Derecho Procesal Penal–, provocando un distanciamiento de su fuente originaria, el Derecho Procesal Civil.

Esto es positivo pues otorga al Derecho Procesal Laboral una identidad más definida y acentúa su emancipación del procedimiento civil, pero no deja de producir sus inconvenientes:

1. Provoca una obligada referencia a la oralidad, concentración e inmediatez del proceso penal, algo que es extraño para los juslaboralistas. En otras palabras, la norma supletoria –al menos en estos aspectos procesales– ya no será el Derecho Procesal Civil sino el Derecho Procesal Penal;

2. La aplicación de un proceso laboral, bajo el esquema de los citados principios, genera situaciones complejas y tediosas en la gestión del proceso, que en hechos se convierte en un proceso mixto, en donde todo lo que se exponga oralmente debe registrarse por escrito o por grabaciones auditivas o visuales.

3. Este nuevo estilo del proceso laboral aumenta considerablemente el costo en la administración de justicia. En el caso de Colombia, se estableció un período de transición para la adecuación de los tribunales y para la asignación de los recursos del Estado.

4. Por último, estos principios: oralidad, concentración e inmediación, son auténticamente efectivos bajo el sistema de un solo juicio o instancia de conocimiento de los hechos, lo que implica la eliminación del doble grado de jurisdicción o derecho del ciudadano a que su caso sea conocido nuevamente por un tribunal de superior jerarquía. Ya esto ocurre en la República Dominicana con la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal (2002) en donde el recurso de apelación se limita a conocer la aplicación “del derecho”, no “los hechos”. Bajo este sistema de oralidad–concentración–inmediación la Apelación se convierte en una mini casación.

Parece ser que esta nueva concepción del proceso laboral mejorará la calidad de la justicia de trabajo, aunque a un oneroso costo en la gestión del proceso. Se trata de un nuevo procedimiento en donde el derecho a la defensa de las partes es más cuidadosamente preservado, y en donde los tribunales tendrán indudablemente más trabajo. Este nuevo proceso laboral, que combina oralidad–concentración–inmediación, promueve el impulso oficioso obligado.

Este nuevo proceso rompe con la pasividad del tribunal, propia del proceso civil, que tanta influencia ha tenido en el proceso laboral. Este nuevo proceso laboral reafirma el carácter social que siempre ha debido tener, disponiendo expresa e implícitamente un papel activo no sólo del juez laboral, sino de la jurisdicción de trabajo.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Siendo un jurista dominicano el autor de este escrito, no es posible terminar sin hacer alguna referencia a la oralidad en el proceso laboral dominicano.

¿Existe en la República Dominicana oralidad en el proceso laboral? ¿Ha sido la República Dominicana contagiada o afectada por esta corriente procesal reformadora?

El proceso laboral dominicano alberga la oralidad, aun cuando no se encuentra un texto que expresamente consagre dicho principio. La oralidad está presente en los procedimientos ante las jurisdicciones de trabajo toda vez que el demandante puede oralmente apoderar al tribunal (artículo 510 del Código de Trabajo -CT-); el demandado puede igualmente contrademandar oralmente en audiencia (artículo 515 del CT); el preliminar de conciliación se desarrolla oralmente (artículo 516 al 519 del CT); la apelación se puede interponer oralmente (artículo 622 del CT), y las pruebas y los debates están llamados a desarrollarse oralmente (artículos 527 al 529 del CT), aun cuando en la práctica los jueces no lo aplican así ni los abogados lo reclaman. La influencia del formalismo y escritura del proceso civil está todavía muy latentes, no en el proceso, sino en la mentalidad de quienes ejercemos la materia laboral en República Dominicana.

De otra parte, el impulso oficioso está también presente en la legislación laboral dominicana. Los tribunales laborales están llamados a indagar pruebas y hacer verificaciones más allá de las propuestas por las partes (artículo 494 del CT); están llamados a acumular y fusionar expedientes conexos o similares (artículo 506 del CT); deben, recibida una demanda, notificar al demandado (artículo 511 del CT); el juez está facultado para suplir medios de derecho no presentados por las partes (artículo 534 del CT); están obligados a notificar las sentencias (artículo 538 del CT); y las apelaciones (artículo 625 del CT).

Todas estas son actuaciones que normalmente el proceso civil pone a cargo de las partes, pero que el proceso laboral pone en manos del tribunal. También en esto –salvo contadas excepciones– las partes terminan supliendo la pasividad de los tribunales, algo que no ocurre en el nuevo proceso penal introducido en la República Dominica a partir de una reforma del año 2002, inspirada en el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica.

El proceso penal sí se ha visto renovado y revitalizado, pues aunque en teoría los procedimientos del viejo Código de Procedimiento Criminal (copia textual de su equivalente de los códigos napoleónicos) albergaban la oralidad, la inmediatez y la contradicción, lo cierto es que con el nuevo Código todos estos principios han adquirido vida y auténtica aplicación.

En cuanto al proceso laboral dominicano, hay dos caminos a seguir: Llevar a la práctica, con los textos que se tienen (que en teoría son suficientes) los motivadores principios de la oralidad, inmediación y concentración; o, en cambio, avocarse a un proceso de reforma que tome como parámetros las reformas realizadas en países como Venezuela, Ecuador y, muy especialmente, Colombia.

Una tercera opción podría ser la creación de un reglamento “para hacer efectivos los principios de la oralidad, concentración e inmediación en el proceso laboral” partiendo del marco legal que ofrece una serie de textos tales como los artículos 510, 515, 516 al 519, 622, y 527 al 529, todos del Código de Trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

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Code de procédure civil francais, Software abogadovirtual@premium, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini, Santo Domingo, 2006.
COLOMBIA, Ley No. 1149, del 13 de julio del 2007, por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos.
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VILLEBRUN, Jacques y QUÉTANT, Guy-Patrice, Traité de la juridiction prud’homale, L.G.D.J., París, 3° ed.

Por ejemplo, la Ley colombiana No. 1149 del 13 de julio del 2007, por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos, establece lo siguiente:
“El Artículo 46 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así: Artículo 46. Actas y grabación de audiencias. Las audiencias serán grabadas con los medios técnicos que ofrezcan fidelidad Y seguridad de registro, los cuales deberán ser proporcionados por el Estado, o excepcionalmente, con los que las partes suministren.
Si la audiencia es grabada, se consignará en el acta el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia.
El acta será firmada por el juez y el secretario y de ella hará parte el formato de control de asistencia de quienes intervinieron.”
Cualquier interesado podrá solicitar una copia de las grabaciones o del acta, y para su obtención deberá proporcionar los medios necesarios para ello.
En ningún caso se hará la reproducción escrita de las grabaciones. Las grabaciones se incorporarán al expediente.
Ley colombiana No. 1149 del 13 de julio del 2007, por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos:
Art. 15. Régimen de transición. Los procesos iniciados antes de la aplicación gradual de la presente ley se continuarán tramitando bajo el régimen procesal anterior.
Dentro del año siguiente contado a partir de la promulgación de la Ley, el Consejo Superior de la Judicatura adoptará y pondrá en práctica medidas especiales, suficientes para descongestionar los despachos judiciales laborales, en los procesos promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente Ley.
Dichas medidas deberán garantizar la descongestión de los despachos judiciales, en un término no mayor de dos años a partir de la promulgación de esta Ley.
Quienes sean nombrados como jueces y magistrados, deberán ser especializados o expertos en derecho del trabajo o en seguridad social.
Art. 16. Asignación de recursos. La implementación del sistema oral en la especialidad laboral se hará en forma gradual en un término no superior a 4 años, a partir del 1° de enero de 2008. El Gobierno Nacional hará la asignación de recursos para la financiación de dicha implementación en cada vigencia.


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