Conflicto entre poderes del Estado en 1853

El sistema de democracia representativa que se ha adoptado en la mayoría de las naciones a partir del siglo XIX implica la existencia de tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Estos tres poderes, independientes unos de los otros, deben, en principio, obrar en armonía, cada uno ejerciendo las atribuciones que la Constitución les otorga y sin entremeterse en las funciones del otro.

Pero no siempre resulta así, sea por falta de claridad en la Constitución, sea por usurpación de funciones de un poder sobre los otros. Vemos este dilema aún hoy en casi todos los países, inclusive el nuestro. Solo cuando hay una dictadura, generalmente del Poder Ejecutivo, hay armonía, pero es porque los otros dos poderes han quedado sometidos al primero.

Queremos en este artículo narrar uno de los primeros conflictos de este tipo en nuestra historia republicana, el caso de un conflicto entre el Poder Legislativo y el Judicial.

En el mes de marzo de 1852, la Suprema Corte de Justicia dominicana, falló un recurso en última instancia sobre un caso muy interesante. Envuelve los sucesores de una señora que murió durante la ocupación haitiana, dejando como herederos a varios sobrinos que vivían fuera del país.

Bajo la Ley de Bienes Nacionales dominicana de 1845, pasaban al Estado todos los bienes de los ausentes, que no hubieren reclamado sus derechos de propiedad dentro de los tres meses de promulgada dicha ley. Parece que dichos herederos no hicieron esa reclamación y por lo tanto el Estado se apropió de los inmuebles que heredaron.

Esos herederos acudieron entonces ante nuestros tribunales, y finalmente en la Suprema Corte ganaron su caso y éste alto tribunal ordenó que se le devolvieran esos bienes y dispuso además que el Estado pagara alquileres atrasados y una indemnización. Como el Estado hizo caso omiso a esta disposición judicial, la Suprema Corte ordenó el apremio corporal del Administrador de Hacienda hasta que abonare a los herederos los montos de los alquileres vencidos y la indemnización.

El asunto se puso de tal gravedad que el Presidente de la República se presentó con su Ministro de Hacienda al Congreso para exponerle la situación, y allí se efectuó un interesante debate. El Congreso no estuvo de acuerdo con la sentencia de la Suprema Corte en su totalidad y la consideró inconstitucional, aunque en cuanto a la devolución de las propiedades no fue tan enfático.

Pero en torno al pago de los alquileres y la indemnización, los rechazó de plano aduciendo que bajo la Constitución y la ley de Hacienda, ninguna erogación de fondos públicos podía hacerse si no estaba autorizada por una Ley.

El Congreso adujo que era una interferencia del Poder Judicial frente a las atribuciones del Poder Legislativo, que aquel ordenara un pago de fondos públicos que no estaban previstos en el Presupuesto Nacional. El Presidente de la República, General Pedro Santana, en su intervención, dijo enfáticamente: “Si la sentencia de la Suprema Corte de Justicia permanece en fuerza, yo no podré responder de la tranquilidad del país, porque quedaría al arbitrio de los tribunales el disponer de los fondos públicos.

Por consiguiente, opino como el Ministro en este asunto, y no permitiré que de las Cajas Públicas se extraiga ninguna suma, si no es en virtud de una Ley expresa del Congreso”. El Congreso Nacional, tras un debate bastante amplio, y con algunas disensiones, decidió que no procedía el pago de la indemnización y en cuanto a la devolución de las propiedades a los herederos, se señaló que si eso se permitía, “se encontrarían en el más eminente peligro las tres cuartas partes de la propiedad territorial de la isla”. Las discusiones en la sesión del Congreso aparecen en el tomo 6 de la Colección Centenario, que contienen las actas del Poder Legislativo de los años 1851 a 1853.

La decisión final del Congreso fue de no aceptar la sentencia de la Suprema Corte, y en las discusiones llevadas a cabo en dicho cuerpo, se hizo énfasis en que el Poder Legislativo estaba por encima del Judicial, entre otras razones, por ser el primero representante directo del pueblo, pues los legisladores se eligen por dicho pueblo, mientras que los jueces son designados por los legisladores.

De todos modos, y para que en el futuro no hubiere dudas, en junio de ese año 1853, el Congreso dictó la Ley No.313, que estableció trato diferente a la prescripción contra el Estado, ordenó al Procurador General de la República a introducir de nuevo el caso ante la Suprema Corte y dispuso que “en lo sucesivo ninguna sentencia en que se ordene la extracción de fondos del Tesoro Público será ejecutada hasta que el Congreso Nacional no preste su consentimiento a que dicha suma sea extraída de las cajas públicas y ordene que figure en el presupuesto de gastos”.

Como se vio al estudiar este caso, el Poder Judicial salió perdiendo, mientras que el Poder Legislativo ganó en el aspecto de que ese cuerpo era el único con facultad para determinar el uso de los fondos públicos y el Poder Ejecutivo a su vez, salió fortalecido ya que quedó claro que ningún Tribunal podía dictar sentencias que ordenase pagos de dineros del Estado en la ejecución de sentencias.

Por Wenceslao Vega

admin Constitucion Dominicana, Suprema Corte de Justicia , ,

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